Dijo que con la resolución judicial que suspende la ordenanza electoral en esa localidad, la Defensoría del Pueblo dio por terminado el asunto. Los intendentes deberán buscar por otro lado. Desgaste generalizado y pocas expectativas por la “movida Salibi”.

El freno provisorio que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba le puso a la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Tanti que, entre otros puntos, habilitaba la re reelección en esa localidad, no sólo desmoralizó al colectivo de intendentes interesados en que esa movida prosperara.

También significó un punto final para la estrategia legal patrocinada por el Defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, quien proponía un modelo de ordenanza electoral más amplio, basado en las autonomías municipales donde no sólo se destrababa la imposibilidad para intentar repetir mandato en el ´23, sino también que cada municipio pudiera fijar su propia fecha de elecciones.

El ombudsman cordobés y su equipo trabajaron en ese esquema legal y asesoraron a un grupo de intendentes, principalmente radicales, para avanzar de manera individual en cada municipio.

El intendente Tanti, Luis Azar, picó en punta y logró sancionar en cuestión de días y en medio de una polémica, un nuevo código electoral municipal. Sin embargo, la vigencia de la normativa duró poco ya que de inmediato los concejales locales de Hacemos por Córdoba apelaron judicialmente logrando la suspensión provisoria.

Esa acción política fue alentada desde el Panal apenas unos días después de que el gobernador Juan Schiaretti dejara en claro frente a una treintena de alcaldes oficialistas cuál es la posición del Gobierno al respecto: no avalar ninguna jugada de los suyos para cambiar la ley e incluso, los desanimó a intentar por la vía judicial opinando que allí tampoco no prosperará.

Lo cierto es que con el antecedente de Tanti, aunque el TSJ no haya resuelto la cuestión de fondo, Decara dijo que para Defensoría el asunto está terminado. El organismo no intervendrá más y los jefes de los gobiernos locales que depositaban allí alguna expectativa, ahora deberán rebuscársela por otro lado.

En un programa de televisión el domingo a la noche, Decara fue contundente al describir su actuación: “Es una cuestión institucional, no partidaria. Se acercaron intendentes de todos los sectores, peronistas, radicales y vecinalistas. Intentamos ayudarlos. Le dimos forma a una ordenanza de 107 artículos, muy estudiada, no solo para ir por lo de la re re, sino para ir por lo de las autonomías municipales”.

Y luego siguió: “Pero hay una resolución, la Justicia se expidió y yo soy de los que opinan que hay que acatar lo dispuesto. Y en lo que a nosotros respecta, lo hemos dado por terminado al tema. Esto no quiere decir que la Municipalidad de Tanti con sus abogados continúen. Pueden apelar”.

La decisión de Decara sorprendió a más de uno que pretendía sumarse a la movida. Enterrada entonces esa posibilidad, muchos de los intendentes de los departamentos Unión, Marcos Juárez, Calamuchita, Río Cuarto, entre otros, aguardan ahora el paso que dará Daniel Salibi de Mendiolaza.

El radical prepara de manera individual llevar a la Justicia un planteo de inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley provincial sancionada en el 2016, que toma el periodo 2015-2019 como el primero. El foco está puesto en la imposibilidad de legislar para atrás “teniendo en cuenta que cualquier ley sea provincial o nacional al igual que una ordenanza municipal no puede ser retroactiva al momento de su sanción, por lo cual la leyb que habla de dos períodos deben ser 2019 – 2023 y 2023 – 2027”, explicó el intendente. La presentación podría realizarse el próximo viernes o a comienzos de la semana que viene.

En el mientras tanto, se percibe un desgaste y desánimo generalizado entre los dirigentes del interior que vienen presionando a través de distintos frentes para intentar cambiar su suerte para poder jugar electoralmente en sus localidades en el ´23. Hasta aquí, todo sin éxito.

Por eso, vuelven a prenderle una vela a Legislatura y a retomar el diálogo con algunos parlamentarios para ver si es posible, definitivamente, destrabar el nudo por allí. Hace apenas unos días, se generó una mínima expectativa en el ámbito legislativo a partir de conversaciones informales entre legisladores opositores y los oficialistas. Sin embargo, el escándalo que protagoniza por estas horas el presidente provisional del parlamento cordobés, Oscar González, luego de que participara de un choque automovilístico que terminó con la muerte de una mujer y dos jóvenes heridas, el tema volvió a ser cajoneado por el oficialismo. Lo que menos le hace falta a Hacemos por Córdoba a horas de lanzar a Martín Llaryora como su candidato a gobernador, es sumar nuevas polémicas.

Tan digerida está ya la probabilidad de que nada cambie para los casi 290 alcaldes alcanzados por la ley sancionada en el 2016, que muchos -a su pesar- ya preparan reemplazante en sus pueblos y ciudades.

Alfil

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