Desde que en febrero pasado la empresa de neumáticos Bridgestone informó que sus 1.500 trabajadores recibirían un monto de 365 mil pesos cada uno en concepto de “anticipo de participación de las ganancias” y que en mayo se pagaría una suma idéntica para totalizar un saldo de alrededor de 730 mil pesos mediante un bono extraordinario, se reavivó un debate que no es nuevo pero que fue virtualmente archivado por las sucesivas crisis económicas que se produjeron en nuestro país.

La incorporación de esta cláusula al convenio colectivo de la compañía fue negociada en plena crisis del 2001, por Pedro Wasiejko, actual Secretario General de la Fetia, y que por aquel entonces se encontraba al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático y Afines (SUTNA).  En palabras del dirigente gremial, el acuerdo “establece que si la ganancia de la empresa supera el 6% neto sin impuestos, un tercio va a los trabajadores, otro tercio para comprar capital y otro a mejorar la redistribución que así queda en el país”. Este acuerdo, junto a otro paquete de medidas, permitió a las y los trabajadores surfear la reestructuración de la empresa, logrando que a partir del año 2004 -producto del crecimiento económico- se hiciera efectivo.

Algo similar implementaron los bancarios desde 2015: al incorporar una cláusula de participación en las ganancias atada a la rentabilidad financiera o beneficios después de impuestos (ROE por su sigla en inglés), Axel Kicillof, por aquel entonces ministro de Economía, planteaba que “si los bancos ganan más, los trabajadores van a cobrar más, y si ganan menos, van a cobrar menos”. Suena lógico.

Sin embargo, no abundan los proyectos en esta materia. “Las empresas deben cumplir con el Art. 14 bis de la Constitución para que los trabajadores participen de la distribución de las ganancias”, disparó Wasiejko en una entrevista reciente. Y algo de razón tiene. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los 16 conglomerados empresariales que pertenecen a las familias más ricas del país durante 2021 y 2022 han visto crecer su patrimonio a pesar de la pandemia. Solo por nombrar algunos casos, el informe señala que Paolo Rocca (Techint) sumó 648 millones de dólares en sólo un año (de un patrimonio comercial de u$s 12.209 millones pasó a tener U$S 12.857 millones), Luis Pagani (grupo Arcor) incrementó su capital en U$S 723 millones también en un año (de U$S 4.996 millones subió a U$S 5.719 millones), Rubén Cherñajovsky (grupo Newsan) tuvo un crecimiento de U$S 583 millones (de U$S 2.003 millones a U$S 2.586 millones), y Alejandro Bulgheroni y herederos de Carlos Bulgheroni (Pan American Energy) U$S 335 millones (de U$S 1.404 millones en 2020 a U$S 1.739 millones en 2021).

Este desproporcionado crecimiento de las fortunas de nuestro país no ha derramado una sola gota sobre las y los trabajadores. Por el contrario, según el INDEC, durante el segundo trimestre de 2020 Argentina se convirtió en un país más desigual. El 10 por ciento de la población más rica pasó a percibir 19 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre. Y a pesar de que el ministro Martín Guzmán hace algunos días en Salta haya manifestado en un encuentro con empresarios que la Argentina sigue creciendo, el debate por mejorar el poder adquisitivo de las y los asalariados se vuelve también una oportunidad para discutir cómo generar una distribución equilibrada de la riqueza y, claro está, de los ingresos. Algo que por el momento el Gobierno no ha podido garantizar con firmeza y parece lejos de conseguir.

En este escenario existen algunos antecedentes que podrían llevar este punto a un nuevo nivel al menos en lo que se refiere al ámbito laboral, y tomando como referencia las ganancias exuberantes de algunos grupos económicos.

El proyecto de Héctor Recalde de 2010 y el confeccionado para la misma fecha por su partenaire en la Cámara de Diputados, Eduardo Macaluse, contemplan algunos aspectos que tienen sus similitudes con el acuerdo alcanzado en Bridgestone. En términos generales, el proyecto del abogado y ex representante de la CGT estipulaba distribuir entre los trabajadores un 10 por ciento de las ganancias de las grandes empresas.

Esta norma se haría extensiva a las Pymes recién luego de tres años de entrada en vigencia. Además, establecía la reinversión de utilidades por parte de la compañía, un fondo solidario para auxiliar a los trabajadores informales y la creación de un organismo tripartito entre el Estado, la representación empresarial y gremial cuya función sería fijar el monto mínimo de ganancias a repartir. Ninguna de las iniciativas logró tener estado parlamentario.

Sin embargo, ante el grosero enriquecimiento de algunos sectores y el devastador panorama inflacionario que sacude el bolsillo de millones de trabajadores y trabajadoras, aquellas iniciativas que fueron promovidas en tiempos de expansión económica podrían incluso ser mejor usadas en situaciones donde se acentúa la desigualdad, como el actual escenario que atraviesa nuestro país.  En Chile, México y Perú, la normativa ya se aplica. ¿Qué o quién impide hacerlo en la Argentina?

Elgritodelsur

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