El proyecto de Presupuesto que ingresó a la Cámara de Diputados el jueves a última hora (apenas 30 minutos antes de que venciera el plazo que dispone la Constitución) configura un 2023 bastante austero en materia de gastos del Estado y con una actividad económica que tendría perspectivas de crecimiento menores a las que podrían imaginarse. Así se desprende de los principales números que rigieron su elaboración.

Las previsiones macroeconómicas incluyen un recorte del déficit primario para que no supere el 1,9% del PBI (bastante menor al 2,5% de este año). Además, se espera un crecimiento del nivel de actividad de no más de 2%, la mitad de lo que se aguarda que ocurra en 2022, y una reducción de la inflación al 60 por ciento.

«El Presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno. Avanzar en el ordenamiento fiscal permitirá reducir el financiamiento monetario del déficit y conducirá hacia una situación de solvencia fiscal», señala el mensaje del Ejecutivo que acompañó la presentación al Congreso.

Ordenamiento

El acento en el «ordenamiento fiscal» es una de las premisas básicas en el cálculo de gastos e ingresos. Es, después de todo, el corazón del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que quedó ratificado de hecho después de la reunión entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del organismo, Kristalina Georgieva, que tuvo lugar a comienzos de la última semana en Washington. No por nada, la dirigente búlgara mostró su satisfacción por el proyecto varios días antes de que en Argentina hubiera datos concretos sobre su contenido.

En el Palacio de Hacienda entienden que ese recorte será una cuestión básica para restaurar la confianza y también para lograr cumplir la meta de inflación del 60% anual que muchos analistas creen ilusoria, sobre todo después de que el mismo documento admite una suba de precios promedio de casi 95% para todo 2022. La explicación es simple: si el Estado inyecta menos dinero en la economía, el crecimiento de la actividad será menor y el margen para convalidar los incrementos de precios también se reducirá.

En ese esquema también juega la decisión del Banco Central, amagada hace bastante tiempo pero recién concretada en los últimos meses, de que las tasas de interés sean positivas. El jueves, luego de conocerse la inflación de agosto, la entidad subió su tasa de referencia a 75% anual, lo que también contribuirá al enfriamiento de la actividad.

De todas maneras, en el Ministerio de Economía relativizan el recorte. Enfatizan que el gasto total subirá 64%, unos cuatro puntos por encima de la inflación estimada. También señalan que la inversión pública no se reducirá y hasta mejorará levemente medida en términos del PBI, lo que permitirá que las obras en las provincias continúen sin inconvenientes.

Además ponen como ejemplo el incremento en ciertas partidas como las destinadas a Ciencia y Técnica, que crecerá 111% en términos nominales; y también el crecimiento en la cantidad de beneficiarios de los programas de seguridad social, que subirá en 272 mil personas sumando jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, por hijo y por embarazo.

En materia cambiaria, la decisión tomada es evitar nuevos retrasos del dólar. Por eso se estima que la divisa oficial estará a $ 270 en diciembre del año que viene. La apuesta pasa por la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá llevar al área metropolitana la mayor producción de Vaca Muerta. Esto redundará en un menor gasto por importación de energía, el rubro que terminó de vaciar las maltrechas reservas del Banco Central. Eso también permitirá elevar el saldo positivo de la balanza comercial (que en los últimos meses tuvo saldo negativo) a una cifra que rondará los U$S 12.300 millones por todo el año. La nueva versión del Plan Gas anunciada en los últimos días, más las mayores exportaciones que se esperan por parte de ciertos sectores con regímenes especiales, podrían colaborar para alcanzar ese objetivo. «

Beneficios fiscales: un mensaje para el Congreso

Una parte de la reducción al déficit fiscal saldrá de los subsidios a la energía: la segmentación tarifaria puesta en marcha a comienzos de mes, y sobre todo el tope al consumo para acceder a las compensaciones, permitirán un ahorro al Estado de 0,5% del PBI. Como contrapartida, desde el gobierno hicieron hincapié en los regímenes especiales que eximen de impuestos a determinados sectores y que se engloban bajo la denominación «gastos tributarios». Esa separata, que figura detallada en la presentación de cada cálculo de recursos, engloba lo que el fisco deja de percibir para promocionar ciertas actividades o regiones, como también algunas distinciones puntuales en el cobro del IVA.

Allí se incluye la eximición del Impuesto a las Ganancias a los jueces, que significará menores ingresos por $ 238 mil millones. Si bien la suma no es significativa dentro del monto total, la profusa difusión de ese ítem apunta a un claro interés por ver si el Congreso se anima a hacerse cargo de encontrar otros caminos para reducir el déficit.

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