En el marco de las actividades por el 25 de noviembre se realiza una jornada para visibilizar la violencia obstétrica. “Queremos dejar en claro que la violencia obstétrica también es violencia de género”.

“Mi parto, mi decisión” es el nombre de la Campaña nacional de prevención de la violencia obstétrica que el miércoles 23 de noviembre realizará la jornada “La violencia obstétrica también es violencia de género”.

El evento que tendrá como sede el Centro Cultural de la Cooperación se enmarca en las actividades por el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

“Lo realizamos enmarcando la actividad en el 25N, y lo pensamos en esta semana porque se suele hablar de muchas formas de violencia de género, pero la violencia obstétrica que es una forma de violencia de género suele quedar muy invisibilizada porque no es una forma de violencia que esté muy incorporada en la agenda de los feminismos. Es un tema que no es muy nombrado ni muy visibilizada”, dice Luján Arcidiácono, coordinadora de la campaña. “Queremos visibilizar y dejar en claro que la violencia obstétrica también es violencia de género. No es un problema solamente del funcionamiento médico asistencial. Es una forma de violencia que tiene raíces mucho más profundas y debe ser entendida y abordada con perspectiva de género”.

Del evento participarán expertos y referentes que expondrán sus puntos de vista desde la palabra y desde el arte. También participarán representantes de organizaciones que impulsan proyectos de ley relativos a la temática y que se encuentran en trámite legislativo.

Para la titular de la campaña los feminismos deben incorporar este tema en sus agendas. “En nuestro país la ley por el aborto legal seguro y gratuito es un tema que está en la agenda de los feminismos, pero también es parte de la violencia obstétrica, porque existe la ley, pero el acceso es inefectivo en la práctica. Muchas personas con capacidad de gestar que quieren acceder al aborto se encuentran todavía con barreras y dificultades”, manifestó.

“Tiene que ver con cómo se garantizan o no los derechos dentro del sistema de salud en todos los procesos sexuales reproductivos y no reproductivos. Hay que ampliar la mirada y pensar que hay violencia también cuando una persona se acerca con un aborto espontáneo, también hay violencia en la escena de los partos, también en la atención inmediata del puerperio, en el manejo de la lactancia, el proceso es mucho más amplia. Pero desde los feminismos hay una mirada más acotada específicamente a este tema del aborto voluntario porque fue una gran conquista en nuestro país y un derecho muy importante que pudimos construir pero dejó de lado todos los otros aspectos”.

En el Congreso se han presentado más de un proyecto respecto de este tema. Uno de ellos es el que presentó la campaña que coordina Arcidiácono y que ya tiene estado parlamentario. El proyecto es de capacitación obligatoria para el personal de salud con orientación específica en violencia obstétrica y está inspirado en la ley Micaela. “El Estado tiene que avanzar en una capacitación obligatoria pero específica de violencia obstétrica porque tiene un aspecto de perspectiva de género y derechos humanos, pero también tiene un abordaje que tiene que ver con las prácticas médico asistenciales”.

En ese sentido, afirma que hay que revisar muchos protocolos y guías de atención al proceso de embarazo, parto y puerperio porque muchas veces la violencia obstétrica se manifiesta con prácticas que no están avaladas por la evidencia científica o prácticas que se realizaban antes pero no se deberían seguir realizando.

“Tiene un abordaje más complejo y específico se necesita una capacitación de carácter obligatorio porque no se puede dejar a la voluntad individual capacitarse en una problemática de derechos humanos”.

Otro de los proyectos, relata Arcidiácono, es el de una nueva ley de ejercicio profesional de las obstétricas, de las parteras que tienen una ley que data de la década del 70 y que les quita autonomía. “Este proyecto de ley que nosotras apoyamos plantea un nuevo ejercicio profesional para algunas personas que forman parte del sistema de salud y que si saliera permitiría más recursos para asistir más y mejor a las personas gestantes.

También está la ley de casas de parto. Permitiría que algunos nacimientos con ciertas condiciones de salud puedan ser asistidos en lugares de baja complejidad como casas de parto o lugares de primer nivel de atención. Esto descomprimiría la demanda en el sistema de salud y permitiría a las ciudadanas elegir otros escenarios para parir.

“Son proyectos que se presentan y caen porque hay resistencias de algunos sectores del sistema de salud, de algunos profesionales, de algunas asociaciones. Se discute una cuestión de injerencia profesional y relaciones de poder”.

Una vulneración constante

En la campaña se reciben muchos testimonios y trabajan con las víctimas con orientación para denunciar. Los relatos más frecuentes son que la mujer no puede ingresar acompañada a los controles prenatales, a sus partos o cesáreas y muchas veces durante la internación posterior al nacimiento.

“Es un derecho que tenemos por ley. En nuestro país existe la ley de parte de respetado. Esa ley plantea una serie de derechos para nosotras y los bebés recién nacidos y entre esos derechos está el de estar acompañados. Ese es el más vulnerado en la mayoría de las instituciones de salud”, afirma la mujer.

Entre otras situaciones describe que hay mujeres que ingresan con un parto en situación normal pero que cuando ingresan a una institución se les realizan una serie de prácticas por rutina que hacen que el parto se acelere. Son intervenciones medicaciones y prácticas que aceleran los tiempos de los partos y que se realizan sin consentimiento.

“’Te pongo el suerito mami’, pero en el suerito hay medicación que acelera contracciones o acelera el trabajo de parto y que a veces tiene riesgos y complicaciones. Eso se llama cascada de intervenciones, son intervenciones que se realizan una detrás de otra para manejar, conducir y acelerar los tiempos de parto. Esas intervenciones generan complicaciones intrapartos y generan daño a corto, largo y mediano plazo”, comenta la especialista.

“Si vemos las estadísticas en nuestro país los índices de cesáreas son altísimos y no se pueden explicar bajo ningún concepto por cuestiones médicas de salud ni por evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud habla de que el 15% de los nacimientos podrían terminar en cesáreas y eso podría ser justificado médicamente. Nuestro país tiene índices de un 50% e instituciones privadas llegan al 80%. Es inexplicable que 8 de cada 10 mujeres no puedan parir vaginalmente. Lo que ocurre es que hay cesáreas innecesarias que son de urgencia naturalmente que se generan por esas mismas intervenciones o por el propio manejo del parto en la institución. Todo esto sin el consentimiento informado a las mujeres no se les explica qué están haciendo ni por qué”.

“Lo más grave es el maltrato físico y verbal que sucede cotidianamente. Obligan a las mujeres  a no moverse durante el trabajo de parto, a parir boca arriba, les atan las piernas, les practican maniobras dolorosas sin tratamiento analgésico. Todo esto sucede todo el tiempo, no son casos excepcionales. Es tan grave la situación que acompañamos a mujeres que incluso han perdido a sus bebés”.

Público o privado

La violencia obstétrica de vive de diferentes modos tanto en instituciones públicas como privadas. No hay estadísticas oficiales que puedan dar cuenta de cifras puntuales con respecto a los casos y las modalidades.

“Es parte del problema. No hay relevamiento y lo que manejamos son datos de la asociación civil y estimaciones. El Estado no está mirando este tema, no lo atiende, no hay políticas públicas que aborden la problemática de la violencia obstétrica. No hay seguimiento de las estadísticas de las instituciones que no están obligadas a respetar el índice de cesáreas o de episiotomía que según las estimaciones rondan casi el 80% de los partos naturales”.

Según Arcidiácono, la violencia obstétrica en las instituciones privada tiene buenos tratos, pero un exceso de intervenciones, medicalización de los partos y cesáreas. Las instituciones públicas detectaron la violación del derecho a estar acompañadas, el maltrato verbal y físico es más recurrente y allí. “Tiene que haber también una mirada interseccional para entender esto, porque afecta la vulnerabilidad de las clases sociales y problemáticas económicas”.

Arcidiácono explica que, en muchos casos, las mujeres que viven esta violencia no la identifican como tal por lo tanto es dificultoso denunciar. “Si uno sale a la calle y habla de violencia obstétrica no se entiende de qué estamos hablando. Cuando nos acercamos a las familias y las acompañamos y brindamos orientación les tenemos que explicar que sufrieron violencia obstétrica, creo que ahí está el centro del problema”.

En ese sentido, agrega, “hoy cuando hablamos de violencia de género entendemos de qué estamos hablando. Hace 20 años no se hablaba de violencia de género y fue un concepto que tuvimos que construir colectivamente, darle un sentido nuevo a una categoría. Cuando hablamos de femicidio entendemos de qué estamos hablando, pero antes se hablaba de crímenes pasionales. Con la violencia obstétrica deberíamos construir el mismo camino. Tenemos que dejar de hablar de parto respetado porque no se entiende qué es, se confunde con una moda, con parir en una pelota, parir en el agua, tenemos que hablar de violencia obstétrica”.

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