Representantes de las entidades del campo y de las cámaras mineras se manifestaron en contra de la ley de humedales que promueve el Frente de todos y complicaron su sanción. Es así porque en el propio oficialismo empezó a haber resistencia, como la del gobernador de Catamarca Raúl Jalil.

Las cámaras empresarias se expresaron en una reunión de la comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, que preside el radical Ricardo Buryaile y fue convocada como antesala al plenario del jueves, cuando se firmarán dictámenes de la ley de humedales. Si ninguno tiene mayoría para imponerse en el recinto quedarán cajoneados.

El proyecto para fijar presupuestos mínimos de protección a los humedales del FdT fu presentado por el diputado Leonardo Grosso y consensuando con 200 organizaciones ambientalistas. Cuenta con el respaldo de la dupla de socialistas, Graciela Camaño y los 4 de izquierda, por ahora insuficientes para los 129 votos necesarios para imponerse.

Un primer obstáculo es que los tres cordobeses cercanos a Juan Schiaretti no votarán contra los deseos del campo. Pero lo más difícil para el Frente de Todos será alinear a sus 118 diputados. De mínima, habría reparos de mendocinos y correntinos.

Este martes, el primer oficialista en complicar las cuentas fue el gobernador Jalil, quien tiene 3 diputados en la bancada conducida por Germán Martínez.

“Invitamos a la comisión que está discutiendo la ley de humedales a que conozcan, porque no se puede legislar desde el desconocimiento”, reclamó el catamarqueño, durante una charla del ciclo Democracia y Desarrollo organizada por el Grupo Clarín.

Catamarca, Salta y Jujuy son las provincias productoras de litio, que se desarrolla en humedales y sus gobernadores entienden que una ley como la del FdT restringe las inversiones. Quienes la promueven creen que no será así y en tal caso sólo deberán adaptarlas a una producción sustentable.

Invitamos a la comisión que está discutiendo la ley de humedales a que conozcan, porque no se puede legislar desde el desconocimiento.

“Cuidado con tratar una ley de humedales que no tiene nada que ver con la mirada de uno de los minerales que es estratégico para cambiar la matriz energética del mundo”, advirtió el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, presidente de la UCR, en el mismo panel de Clarín.

Lo respaldó su colega de Salta Gustavo Sáenz, sin legisladores propios pero cercano a Sergio Massa, quien apuesta a las inversiones mineras para mejorar el ingreso de dólares. Ninguno de sus diputados cercanos trabaja en la regulación.

El debate se da entre el proyecto de Grosso y el que consensuan en Juntos por el Cambio. Ambos tienen tres aspectos a definir: qué son los humedales, cómo hacer un inventario y cuáles son los límites de su protección, necesaria para combatir el cambio climático.

Ricardo Buryaile.

Grosso y uno de los proyectos de JxC (el de la radical Ximena García) toman la definición de humedales vigente desde 2017, rechazada por el campo y la minería, porque entienden que considera como tal a zonas anegadas y reduce la capacidad productiva de hasta la mitad de las tierras del país.

Por eso el proyecto del radical Jorge Vara y Buryaile elimina la palabra hidromorfia de la definición. Pero además, en JxC quieren darle la potestad del inventario a las provincias, aun cuando la Constitución habilita a la Nación a definir los presupuestos mínimos ambientales. También piden menos fondo para crear los inventarios de los que propone el FdT.

Grosso, que preside la comisión de recursos naturales a cargo del plenario del jueves, asigna a una autoridad nacional la potestad de realizar los presupuestos mínimos, con asesoramiento de las provincias.

Como está planteado el proyecto, el país se quedaría sin industria minera. Afectaría al litio y cobre, no sólo a las nuevas inversiones, sino que pone en riesgo las que están efectuándose.

“No vamos a aceptar cambiar el espíritu de la ley, caer en contradicciones constitucionales que sean plausibles de cautelares, ni dilatar el debate, porque ya hubo compromiso y garantías para que se dictamine”, anticiparon a LPO en su entorno.

En JxC creen que si la autoridad de aplicación es nacional, la ley no se implementará pero un juez federal podrá frenar una inversión minera o una explotación agropecuaria.

Como Buryaile no consiguió que Grosso convocara a referentes productivos, los citó por las suyas a la comisión de agricultura y sumó masa crítica en contra para intimidar también a los oficialistas que dudan.

Durante una tensa reunión, el campo, las mineras, la UIA, agrónomos del INTA y de la federación de ingenieros se turnaron para pedir por el proyecto de JxC. Esto es: una definición más restrictiva de los humedales, la delegación en las provincias de la creación del inventario.

“La definición tiene que ser clara y precisa, con respaldo del INTA. Y un inventario de las provincias junto al Conicet, que no paralice actividades”, reclamó Claudio Terrés, presidente del departamento de medio ambiente y desarrollo sustentable de la Unión Industrial Argentina.

La convocatoria en la comisión de Agricultura.

Luciano Berenstein, representante de la Cámara Argentina de empresarios Mineros (CAEM), fue el más drástico. “Como está planteado el proyecto, el país se quedaría sin industria minera. Afectaría al litio y al cobre. No sólo a las nuevas inversiones, sino que pone en riesgo las que están efectuándose”.

“Somos uno de los 3 sectores que aportó dólares, el 5 complejo exportador nacional, movilizamos a las economías regionales y aportamos impuestos por 100 mil millones de pesos. Exportamos por 3300 millones pero podríamos llegar a 12 mil millones de dólares. Chile exporta 20 veces más”.

Reclamó lo mismo que casi todos los invitados: una definición “clara” de humedales, que las provincias definan el inventario y no paralizar la producción hasta “no identificar el bien jurídico”. Le respondió Camaño, una de las diputadas que promueve la ley de humedales. “5 palabras: Chile tiene ley de humedales”.

El ingeniero Pablo Mercuri del INTA, advirtió que las provincias litoraleñas tienen la mayor parte de su población sobre humedales y deben ser consultadas antes de legislar. Mientras que Octavio Pérez Pardo, de la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, negó que los incendios tengan relación con la no protección de humedales, como plantearon los legisladores de Santa Fe para pedir este debate.

Los representantes del campo ni siquiera se contentaron con la ley de Buryaile y Vara y pidieron mantener la regulación vigente de 1991. “Estamos poniendo en juego nuestra soberanía por los países del norte que con el acuerdo de parís de 2015 se quedaron con el desarrollo y nos piden tener recursos naturales, pobreza e indigencia”, denunció el ingeniero Andrés Costamagna, especialista en sustentabilidad por la Mesa de Enlace.  Lo respaldó, Silvina Campos Carles, asesora de Coninagro.

Los discursos encendieron a los diputados oficialistas presentes. “Hablan de cosa que no existen, que no son ciertas. Este es un debate que tiene más de 10 años y deberían leer los proyectos”, se molestó Florencia Lamprebe. “¡No es cierto! ¡Esta reunión con los sectores productivos no se quiso hacer antes! Estás declaraciones generan violencia. Por eso me amenazaron de muerte”, contestó Buryaile. El debate seguirá el jueves.

LPO

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